Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso durante la madrugada del miércoles 12 de agosto de 2026 por su presunta participación en el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez de control Mario Martínez Elizondo, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por ello, el exmandatario permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano durante al menos cuatro meses, mientras continúa la investigación complementaria.
La resolución se dictó después de una audiencia de casi 14 horas, en la que la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba sobre la presunta desaparición de grabaciones relacionadas con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Reclasifican el delito imputado
Durante la audiencia, el juez reclasificó el delito que inicialmente había sido imputado por la FGR como desaparición forzada de personas. La nueva clasificación corresponde a desaparición de personas cometida por servidores públicos, conducta que puede alcanzar una pena de entre 40 y 60 años de prisión.
La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva. En esta etapa, la autoridad judicial consideró que existían datos suficientes para que Aguirre enfrente un proceso penal por su probable participación en los hechos investigados.
La defensa rechazó las acusaciones
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que el exgobernador no recibió ni ordenó destruir las grabaciones que presuntamente registraron parte de los acontecimientos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la defensa, Aguirre Rivero se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, donde habría sostenido una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El equipo legal también argumentó que los elementos presentados por la Fiscalía no acreditaban la responsabilidad del exmandatario.
El proceso se relaciona con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. La investigación federal ha analizado la posible pérdida, ocultamiento o destrucción de material videográfico que podría aportar información sobre esos hechos.
Con la ratificación de la prisión preventiva y el inicio de la investigación complementaria, Aguirre Rivero continuará recluido en el Altiplano mientras las partes presentan y desahogan nuevos elementos ante el órgano jurisdiccional.