La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México pidió que el despojo de inmuebles sea considerado e investigado como un delito de delincuencia organizada, al señalar que estos casos podrían involucrar a varias personas y presunta colusión de servidores públicos.
La propuesta fue planteada el 10 de agosto de 2026 durante una conferencia de prensa. El vocero del PAN CDMX, Federico Döring, afirmó que la operación de estas redes requiere la participación coordinada de tres o más personas y sostuvo que el fenómeno no debe tratarse como un delito aislado.
Döring señaló que quienes realizan los despojos podrían utilizar información del Registro Público de la Propiedad, expedientes judiciales o reportes sobre inmuebles para identificar predios susceptibles de ser ocupados ilegalmente. También sostuvo que la dimensión del problema amerita una investigación especializada.
La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, pidió a las y los diputados de Morena revisar el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y solicitó al director general, Héctor Muñoz, aclarar los señalamientos sobre posibles modificaciones de escrituras y entrega irregular de información.
Gutiérrez también llamó al secretario de Gobierno, César Cravioto, a mantener una actuación institucional frente a los casos de despojo y a fortalecer la atención mediante los Gabinetes de Despojo.
Por su parte, el diputado local Diego Garrido afirmó que cualquier alteración de folios o escrituras requeriría investigar la posible participación de funcionarios. Como parte de sus señalamientos, mencionó información relacionada con la ocupación de predios, la situación de sus propietarios y el pago del impuesto predial.
El legislador anunció un paquete de iniciativas para combatir este delito. Entre las propuestas se encuentran crear una Fiscalía Especializada y juzgados especializados en despojo, además de establecer una audiencia judicial urgente que permita devolver provisionalmente un inmueble a su legítimo propietario en un plazo de hasta 72 horas.
El planteamiento se suma a otras medidas recientes en la Ciudad de México. El Congreso capitalino aprobó modificaciones para aumentar las penas por despojo e incorporar como modalidades la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad.
Las acusaciones sobre una posible participación de servidores públicos deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes mediante investigaciones formales. Mientras tanto, el PAN CDMX pidió que el despojo sea atendido como un problema estructural que requiere coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y registro patrimonial.